El presidente Luis Abinader defendió este lunes la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal dominicano y sostuvo que las personas con múltiples antecedentes delictivos tienen pocas posibilidades de reincorporarse a la sociedad. Sus declaraciones se produjeron durante las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia.
Abinader afirmó que una persona con numerosos antecedentes penales enfrenta dificultades para reinsertarse, aunque señaló que nunca debe descartarse completamente esa posibilidad. El planteamiento abrió un debate sobre la finalidad de las penas de prisión y sobre si estas deben enfocarse principalmente en mantener alejados de la sociedad durante largos períodos a quienes reinciden o en procurar su rehabilitación.
El mandatario también defendió la necesidad de adaptar el sistema penal a las modalidades actuales de delincuencia. Recordó que anteriormente había respaldado el endurecimiento de las sanciones incorporado al nuevo Código Penal, que fue instituido mediante la Ley Orgánica 74-25 y posteriormente modificado por la Ley 44-26. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó en agosto una versión consolidada de la legislación.
Durante las entrevistas, el juez Rafael Armstrong Báez García cuestionó que penas de hasta 60 años puedan resolver por sí solas los problemas de criminalidad. El magistrado explicó que el cúmulo de penas responde a la denominada teoría de la incapacitación, que busca reducir la posibilidad de nuevos delitos manteniendo durante períodos prolongados en prisión a determinados infractores, pero advirtió que esta finalidad puede entrar en tensión con la reinserción social.
Abinader coincidió en que el Estado debe actuar sobre las causas de la delincuencia y fortalecer las políticas preventivas, pero rechazó que las penas más severas tengan poca incidencia. El intercambio tuvo lugar durante la primera jornada de vistas públicas del CNM, organismo que inició la evaluación de 88 aspirantes para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia. El debate también surgió durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, quien defendió la aplicación de condenas acumuladas de hasta 60 años conforme al nuevo marco penal.
