La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, un documento que advierte sobre los principales problemas del sistema penitenciario dominicano, entre ellos el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva y el hacinamiento en los centros de reclusión. La presentación se realizó en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, bajo la dirección de Rodolfo Valentín Santos, titular de la institución.
De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 el país registraba 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 se encontraban en prisión preventiva, equivalentes al 64.57 % de la población penitenciaria. En tanto, 8,156 internos, correspondientes al 35.43 %, cumplían condenas definitivas. Valentín Santos expresó su preocupación por el uso sostenido de esta medida cautelar y recordó que debe aplicarse de manera excepcional, no como regla general. La población penitenciaria estaba compuesta por 22,563 hombres, equivalentes al 96.96 %, y 707 mujeres, que representaban el 3.04 %.
El documento también revela que las cárceles dominicanas tienen capacidad para 16,357 personas, pero albergan a 23,270, lo que supone una ocupación del 142.26 % y un excedente de 6,913 internos. Esta situación provoca que numerosos privados de libertad duerman en el suelo, los pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”, según explicó Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles. A esto se suman deficiencias en los servicios de salud, escasez de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de salud mental, carencias alimentarias y falta de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios.
La Defensa Pública también identificó condiciones preocupantes en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se reportaron insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas. Sin embargo, el informe reconoce avances en el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos recintos y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación. Asimismo, destaca las gestiones para construir un nuevo centro destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, además de la necesidad de implementar políticas diferenciadas para mujeres y menores de edad conforme a los estándares internacionales aplicables.
La ONDP reiteró que el objetivo del informe es contribuir con propuestas para transformar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de detención. Rodolfo Valentín Santos señaló que es necesario profundizar la reforma, reducir el hacinamiento, garantizar el carácter excepcional de la prisión preventiva y asegurar condiciones compatibles con la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos. La institución considera que la atención a las personas privadas de libertad constituye un elemento fundamental para fortalecer la justicia y el Estado de derecho en República Domini
