El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la separación de Elías Caamaño Pérez del expediente principal contra una presunta red de sobornos que habría distribuido más de RD$108 millones para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas. La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, luego de que el imputado presentara una licencia médica que lo mantendrá recluido durante 15 días calendario.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al órgano acusador junto a la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González. El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente a Caamaño Pérez y ordenó al Ministerio Público presentar la acusación.
El equipo de fiscales presentó acusación y pruebas contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a la red desmantelada mediante la Operación Lobo. El expediente está sustentado en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales. Mientras tanto, la continuación de la audiencia preliminar para conocer las defensas de los demás imputados fue fijada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de Servicios Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, vinculado al Departamento de Seguridad de EdeEste. También figuran Andrés Pacheco Varela, Wellington Peralta Santos, Luis Ernesto Vicioso Bocio y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de varias empresas señaladas en el expediente.
Según la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92 y habrían sido exigidos y recibidos por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios para favorecer contratos de servicios privados. La investigación de la Pepca, iniciada a partir de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, señala que Senase habría realizado pagos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de contratos adjudicados en distintas entidades públicas. En julio de 2026, el Ministerio Público presentó la acusación y solicitó la apertura a juicio contra los involucrados.
