El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Wandy Batista, propuso modificar los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal, relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador, representante de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera que la redacción actual de estas disposiciones podría contradecir el principio de presunción de inocencia al trasladar a las empresas la obligación de demostrar que no son culpables.
Batista expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el senador Rafael Barón Duluc, de La Altagracia, que busca extender por 24 meses la entrada en vigencia de esos artículos. De aprobarse definitivamente, las disposiciones comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2028, en lugar del próximo 5 de noviembre, fecha en que vence el período inicial de tres meses de vacatio legis.
Sin embargo, el diputado advirtió que dos años podrían ser demasiado tiempo para corregir los problemas que identifica en la normativa. A su juicio, los artículos pueden revisarse y modificarse en un plazo menor, por lo que insistió en que cualquier ampliación debe aprovecharse para resolver las dificultades antes de la fecha límite propuesta.
El legislador cuestionó que las empresas puedan quedar exoneradas de responsabilidad penal al presentar protocolos, reglamentos internos o mecanismos de cumplimiento que demuestren que tenían medidas preventivas. Considera que este sistema podría facilitar que incluso organizaciones dedicadas deliberadamente a cometer delitos elaboren documentos de cumplimiento para intentar evitar sanciones. Por eso, manifestó su desacuerdo con la forma en que están redactados los cuatro artículos y pidió una revisión de fondo.
La semana pasada, el Senado aprobó de urgencia, en dos sesiones consecutivas, el proyecto que amplía a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La iniciativa busca facilitar la implementación ordenada de la nueva normativa, capacitar a los operadores del sistema de justicia y orientar adecuadamente a empresas e instituciones. La propuesta pretende que el Estado y los destinatarios de la ley cuenten con tiempo suficiente para prepararse, respetando las competencias de cada institución.
