A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 36 % de los municipios del país permanece bajo alertas por la presencia y actuación de grupos armados ilegales, según advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo. La institución presentó el informe «10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios», en el que describe un panorama de violencia que continúa afectando a numerosas comunidades.
De acuerdo con el documento, cinco disidencias de las FARC tienen presencia en 372 de los 1,103 municipios colombianos, mientras que el Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal del país y de origen paramilitar, opera en 468 municipios. La Defensoría informó que desde el 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá, han sido asesinados 521 excombatientes. Asimismo, entre enero de 2016 y junio de 2026 se registraron 1,743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
El informe también alertó sobre el incremento de los desplazamientos forzados y los confinamientos. Las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12,841 en 2017 a 107,924 en 2025, mientras que las personas afectadas por confinamientos aumentaron de 18,603 a 128,825 durante el mismo período. La institución señaló que estas situaciones limitan la movilidad de las comunidades, debilitan sus organizaciones y ponen en peligro a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En cuanto a los avances de la reincorporación, el documento establece que 10,943 personas continúan vinculadas a este proceso, equivalentes al 76 % de quienes fueron acreditados como integrantes de las FARC durante la desmovilización de noviembre de 2016. Cerca de 7,000 firmantes han completado el bachillerato, el 99 % cuenta con afiliación al sistema de salud y se han desarrollado 6,206 proyectos productivos individuales y colectivos. Sin embargo, el organismo advirtió que la seguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar la continuidad de estos avances.
La Defensoría también indicó que el 86 % de los firmantes del acuerdo reside fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lo que dificulta el acceso a servicios, proyectos productivos y mecanismos de protección. Por esta razón, pidió al Gobierno garantizar la continuidad del proceso hasta 2031, con financiación, coordinación institucional y evaluación de resultados. El organismo insistió en que los cambios de Gobierno no deben interrumpir la implementación del acuerdo ni debilitar los compromisos asumidos con las víctimas y los territorios.
Versión resumida
A diez años del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, el 36 % de los municipios de Colombia enfrenta alertas por la presencia de grupos armados ilegales, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Cinco disidencias de las FARC operan en 372 municipios y el Clan del Golfo en 468. Desde noviembre de 2016 han sido asesinados 521 excombatientes, mientras que entre enero de 2016 y junio de 2026 se contabilizaron 1,743 homicidios de defensores de derechos humanos. Además, las víctimas de desplazamientos masivos aumentaron de 12,841 en 2017 a 107,924 en 2025, y las personas afectadas por confinamientos pasaron de 18,603 a 128,825.
El informe establece que 10,943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación, el 76 % de los antiguos integrantes acreditados de las FARC. Cerca de 7,000 han terminado el bachillerato, el 99 % está afiliado al sistema de salud y existen 6,206 proyectos productivos individuales y colectivos. No obstante, el 86 % de los firmantes vive fuera de los antiguos espacios territoriales de reincorporación, lo que representa mayores dificultades de protección y acceso a servicios. La Defensoría pidió garantizar la continuidad del acuerdo hasta 2031, con recursos y compromisos institucionales que no dependan de los cambios de Gobierno.
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