SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El conocimiento de la medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por su presunta implicación en un plan para atentar contra el presidente de la República, Luis Abinader, fue aplazado por segunda ocasión este miércoles. La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 13 de noviembre, a las 4:00 de la tarde.
El diferimiento se produjo luego de que el abogado que representaba al imputado comunicara su renuncia a continuar con la defensa legal. Ante este panorama, el tribunal dispuso la remisión de De la Cruz Sosa a la Defensoría Pública para la designación de un nuevo representante.
A la salida del tribunal, la representante del Ministerio Público informó que la calificación jurídica provisional contempla cargos por presunto intento de terrorismo, delito por el cual solicitarán la imposición de prisión preventiva. Asimismo, indicó que las indagatorias siguen abiertas y que en la próxima audiencia se expondrán los elementos probatorios que sustentan la acusación.
Por su parte, el imputado rechazó los señalamientos en su contra mientras era trasladado por las autoridades. En el exterior del recinto judicial, familiares, allegados y representantes de organizaciones populares se concentraron para exigir su liberación, defendiendo su honorabilidad y catalogándolo como una persona trabajadora.
Allanamientos y evidencias
De la Cruz Sosa fue arrestado el pasado martes mediante una orden judicial durante un operativo realizado en un apartamento situado en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público también intervino la Ferretería Molina, establecimiento ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch donde labora el imputado. En dichos lugares, las autoridades ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas, elementos que actualmente son sometidos a peritajes técnicos.
De acuerdo con el expediente, la investigación se originó tras alertas emitidas por los organismos de inteligencia del Estado, contando con el respaldo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La orden judicial que avaló las intervenciones señala que el plan desarticulado tenía como presunto objetivo perpetrar un atentado terrorista contra el mandatario el pasado 6 de noviembre, fecha en que se conmemoraba el Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional.
