La auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) ha publicado que un único proveedor recibió veintiocho contratos durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, bajo la gestión de Berlinesa Franco.
De acuerdo con el informe presentado por la entidad fiscalizadora, se llevó a cabo la verificación de veinticuatro proveedores, los cuales presentan adjudicaciones entre dos y veintiocho contratos y órdenes de compra, por un monto total de RD$ 1,248,930,797, con pagos realizados que alcanzan la suma de RD$ 845,005,771.
La empresa que resultó más beneficiada fue Amaram Enterprise, SRL, favorecida con 28 contratos, algunos de los cuales fueron contrataciones de urgencia contempladas en el Plan Anual de Compras 2020.
En el proceso de evaluación y análisis de las contrataciones de bienes y servicios correspondiente al año 2020, se ha comprobado que el procedimiento de contratación denominado INAIPl-MAE-PEUR-2020-0001 fue declarado de urgencia y adjudicado a veinte (20) proveedores por un monto total de RDS531,767,051. En este caso, Amaram Enterprise recibió la suma de 45,340,503.
En ese sentido, la entidad expresó su preocupación por la justificación utilizada para la declaratoria de urgencia, la cual se fundamentó en «un cambio en el presupuesto institucional y el aumento de aperturas de nuevos centros», según explicó Franco.
El informe concluye que el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001, adjudicado por RD$531,767,051 a 20 proveedores, constituyó una «franca violación» a la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Dicha ley establece en su artículo 4 que no se considerarán casos de urgencia aquellas compras y contrataciones incluidas en los respectivos planes y programas de las instituciones.
El informe de la investigación especial señala varias irregularidades en INAIPI, incluyendo contrataciones adjudicadas con incumplimientos del Pliego de Condiciones, registros de proveedores no verificados físicamente, y la emisión de facturas con la misma numeración y fecha. Además, se identificaron pagos a proveedores sin cumplir con sus obligaciones tributarias, discrepancias entre los precios contratados y facturados, y la participación y posterior adjudicación a empresas con registros mercantiles pertenecientes a los mismos socios.
