El Poder Ejecutivo someterá 14 proyectos como parte del Plan Meta RD 2036, que busca duplicar el PIB.
Los senadores y diputados deberán acelerar el paso si quieren cumplir con el mandato constitucional en materia legislativa, con el Gobierno y con lo anunciado hace unos días por la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Kinsberly Taveras.
Son más de cien leyes que el Congreso Nacional tendrá que tramitar sin demora en pocos años, ya que tienen un plazo establecido para ello.
En primer lugar, están las más de 70 legislaciones pendientes que la Carta Magna ordena crear y actualizar desde 2010 hasta 2024, conocidas como reservas de ley o leyes complementarias. En segundo lugar, están los 14 pliegos legales que informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en una visita al Senado. Por último, están las 18 iniciativas legislativas de la reforma integral «Déjala ir», encabezada por la diputada Taveras.
El centenar de proyectos de ley deberá ser refrendado y promulgado sin contratiempos, a pesar de la complejidad de algunos de ellos y de la necesidad de alcanzar consensos.
Las 18 recientes de “Déjala Ir”
El pasado 13 de octubre, las 71 diputadas y cuatro senadores del Congreso presentaron al país la reforma integral “Déjala Ir”, una propuesta que busca reducir a un 30% los feminicidios y filicidios para el 2030 así como su erradicación para el 2035.
Tras nueve meses en la construcción de una agenda legislativa, las 75 representantes del primer Poder del Estado sometieron al órgano bicameral 18 proyectos de ley, con los cuales buscarían llevar a cabo la meta anunciada.
Kinsberly Taveras, impulsora del plan, exhortó al órgano parlamentario a crear comisiones bicamerales a fin de agilizar con el estudio y aprobación de las piezas.
La exministra de la Juventud es la proponente de la ley marco para la erradicación de los feminicidios y los filicidios. Además de esa legislación, está el proyecto que establece el monitoreo telemático, el cual convierte las órdenes de alejamiento en un escudo real, mediante brazaletes electrónicos y un centro de reacción inmediata; y la ley de protección integral a niñas y adolescentes, para combatir la violencia sexual, el embarazo forzado y la coerción reproductiva.
Asimismo, el proyecto de ley de reforma de las casas de acogida; la modificación de la Ley 137-03, sobre Trata y Tráfico de Personas, que fortalece sanciones, prevé un fondo de reparación de las víctimas y combate la explotación sexual y laboral; y el pliego de ley que amplía las competencias municipales.
También el proyecto de ley de igualdad y no discriminación; el que modifica la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, para sancionar la violencia política contra las mujeres y promover la capacitación en igualdad; el de ciberviolencia, que penaliza el acoso digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el bullying y la extorsión; y el que modifica la Ley Orgánica de Educación.
De igual manera, destaca el proyecto de ley de justicia especializada; el de empoderamiento económico de mujeres víctimas, con acceso a crédito, empleo y capacitación; y el de registro unificado de agresores; del sistema nacional del cuidado; el de programas obligatorios de rehabilitación para agresores, y el de prevención en cuerpos de seguridad, que incorpora formación en masculinidades positivas y control interno de violencia institucional. También pertenece al grupo de iniciativas el proyecto de protección a madres rurales y fronterizas, que fortalece la inclusión social y la seguridad familiar; y el de protección a niños y niñas, víctimas indirectas, que garantiza acompañamiento psicológico y suspende la patria potestad al agresor.
Proyectos del Plan Meta RD 2036
El ministro de la Presidencia y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, José Ignacio Paliza y Peter Prazmowski, respectivamente, informaron a los senadores, el pasado 7 de octubre, sobre 14 proyectos de ley que serán depositados ante el Congreso Nacional como parte del Plan Meta RD 2036.
Una de esas piezas sería el “proyecto de ley de protección de zonas turísticas contra el sargazo”, que estaría dirigido y en beneficio de zonas costeras, operadores turísticos, gobiernos locales y comunidades.
Con esta iniciativa se busca la declaratoria del sargazo como un residuo de manejo especial; establecimiento de criterios para la recogida constante, disposición y valorización del sargazo; y que permita el desarrollo de iniciativas privadas para el manejo y valorización del sargazo.
Otra propuesta de ley sería sobre “fondos de pensiones en proyectos de infraestructura y vivienda”, bajo aprovechamiento del ahorro previsional (fondos AFP) para el desarrollo nacional y limitaciones de acceso a financiamiento para infraestructura y proyectos habitacionales. Con esto se busca la creación de instrumentos que permitan el uso de los fondos de las AFP para el desarrollo de infraestructura y proyectos habitacionales.
Según la presentación de los funcionarios, estos instrumentos permitirían a las AFP invertir de manera segura parte de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura estratégicos y habitacionales. El objetivo es dinamizar la economía, aumentar la inversión en infraestructura y facilitar el acceso a la vivienda.
El Poder Ejecutivo someterá también un proyecto legislativo de reforma integral a la Ley Minera 146-71, y Ley 123-71, dirigido a las empresas mineras nacionales e internacionales, así como a la ciudadanía y población afectada por la minería. La iniciativa propone la actualización del marco regulatorio de la minería para garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos minerales, fortalecer la transparencia y competitividad del sector, y asegurar que sus beneficios lleguen a toda la sociedad.
Las otras iniciativas irán dirigidas a incrementar en un 0.25% anual la inversión en infraestructura; la aplicación del acuerdo sobre tecnologías de la información, que dispone la eliminación de aranceles a insumos y productos tecnológicos; elaborar una política pública nacional de seguros inclusivos y microseguros; Zona de Regulación Experimental para Mipymes (ZRE); Fast Track o Motor de Riesgo para proyectos Construcción; entre otras.
Las más de 70 leyes complementarias
En la reforma constitucional número 40, proclamada en octubre de 2024, los legisladores acordaron evacuar todos los marcos de leyes pendientes del Texto Supremo, que en ese entonces eran alrededor de 80 (entre la reforma del 2010 y esa última), según informaron legisladores y juristas en ese instante.
Hasta diciembre pasado, los datos indicaban que había pendientes alrededor de 80 de piezas: unas 70 de la Constitución del 2010 y ocho de la proclamada recientemente, de acuerdo al diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo.
Aunque los congresistas han refrendada algunas de esas piezas, tienen el reto de concluir con el gran grueso de ellas, como son con las reformas a los códigos de Trabajo (aprobado en el Senado); Procesal Penal (aprobado en primera lectura en la Cámara Alta); Civil; de Procedimiento Civil; y de Comercio. También a la Ley de Seguridad Social, de Agua, entre otras piezas.
Las leyes que aún no han sido creadas son: ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (referendo y plebiscitos-artículos 22, 203, 210 y 272 de la Constitución); servicio civil o militar obligatorio (artículo 75, numerales 3 y 4 de la Const.); de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada (artículo 51, numeral 2, Const.); de antidiscriminación y promoción de igualdad entre las personas (artículo 39, numerales 3, 4 y 5, Const.); de garantías para denunciantes de faltas cometidas por funcionarios públicos (artículo 22, numeral 5, Const.); entre otras.
“La suerte ya está echada”, resta al Congreso cumplir con la agenda.
