La organización Amnistía Internacional (AI) volvió este lunes a solicitar al Gobierno de la República Dominicana revocar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud de los haitianos indocumentados con la deportación, ya que este tipo de acciones «no están justificadas» y «son discriminatorias».
La organización presentó este lunes, vía zoom, el informe «Salud sin estigmas: El impacto de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana», en la que se refirió a cómo las políticas migratorias actuales del Gobierno dominicano están afectando el acceso a la salud y poniendo vidas en riesgo, específicamente la de los migrantes haitianos.
Para ello, Amnistía Internacional realizó un análisis estadístico con información del reporte de producción de servicios y atenciones en salud en establecimientos de la red pública y datos de Unicef.
Adicionalmente, se realizaron entrevistas con media docena de personas expertas profesionales y académicas en materia de salud pública, medicina y cooperación internacional, además de personas haitianas usuarias de servicios públicos.
El organismo concluyó que las medidas establecidas en el protocolo de salud y las razones señaladas por el gobierno de República Dominicana «no son compatibles con lo establecido en el marco internacional de los derechos humanos, particularmente en materia de acceso a la salud sin discriminación».
En cambio, afirmó, contribuyen a promover prejuicios raciales y estereotipos y alejan a los haitianos que necesitan atención médica de los servicios de salud, lo que es contrario al derecho a la salud.
«Esta narrativa racista equipara el nacionalismo dominicano con un discurso antihaitiano, percibe a las personas haitianas como inferiores y/o como un enemigo externo», señaló AI.
El protocolo, establecido en abril pasado, establece que inspectores y agentes migratorios verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, una acción que, de acuerdo con la información recabada por AI «podría potencialmente ser contraproducente para la salud de todas las personas que viven en República Dominicana, y de atención a grupos en situación de vulnerabilidad».
Por ello, Amnistía Internacional pidió al Gobierno dejar sin efectos esta medida y abstenerse de identificar, detener y deportar a personas haitianas cuando acuden a centros de salud.
Asimismo, abstenerse de realizar expulsiones colectivas y de devolver a cualquier persona haitiana a Haití debido a los riesgos para su vida y sus derechos humanos que enfrentaría.
Igualmente, garantizar que la falta de documentación o la situación irregular no se convierte en una barrera de acceso a los servicios sanitarios.
En octubre del año pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.
En lo que va de 2025, las autoridades dominicanas han deportado a más de 370.000 haitianos dominicanos, un cifra récord en el país.
