El derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos, conquistado tras más de siete décadas de lucha, ha regresado al centro del debate político debido al surgimiento de movimientos ultraconservadores que cuestionan la 19.ª Enmienda y a propuestas legislativas que podrían imponer nuevos requisitos para ejercer el sufragio.
La lucha por el voto femenino comenzó a consolidarse en 1848 con la Convención de Seneca Falls. Lideresas como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony impulsaron campañas, manifestaciones y acciones de presión política durante décadas hasta lograr que el Congreso aprobara la 19.ª Enmienda en 1919, ratificada el 18 de agosto de 1920, que prohibió negar el derecho al voto por razón de sexo.
No obstante, la aprobación de la enmienda no garantizó una participación electoral plena para todas las mujeres. Durante años, mujeres afroamericanas, indígenas, asiático-americanas y latinas enfrentaron barreras como leyes de segregación, pruebas de alfabetización, impuestos electorales, restricciones migratorias y obstáculos lingüísticos. Muchas de estas limitaciones comenzaron a eliminarse con la aprobación de la Ley de Derechos al Voto de 1965.
En los últimos años ha ganado visibilidad el movimiento «Repeal the 19», surgido en 2016, que propone derogar la 19.ª Enmienda o sustituir el voto individual por un sistema de «voto por hogar», en el que solo el hombre de la familia emitiría el sufragio. La iniciativa ha sido promovida por figuras vinculadas al nacionalismo cristiano y sectores de la derecha ultraconservadora, quienes argumentan que buscan restablecer un modelo social tradicional.
Al mismo tiempo, propuestas como la SAVE Act han reabierto el debate sobre requisitos más estrictos para registrarse como votante, incluyendo la presentación presencial de documentos que acrediten la ciudadanía. Organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas podrían afectar especialmente a mujeres casadas que cambiaron su apellido, así como a jóvenes, personas de bajos ingresos y comunidades históricamente marginadas por dificultades para cumplir con la documentación exigida.
