Las principales asociaciones del sector turístico de la República Dominicana manifestaron su preocupación por la forma en que se aplica la contribución establecida en la Ley 225-20 para la gestión integral de residuos sólidos. Los gremios consideran que el esquema actual afecta la competitividad de las mipymes turísticas al calcular el cobro sobre la facturación bruta, sin distinguir la naturaleza de las empresas intermediarias.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), Bladimir Monegro, explicó que agencias de viajes, turoperadores, mayoristas y otras empresas del sector administran altos volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y generan una cantidad de residuos muy inferior a los montos facturados.
Las organizaciones advirtieron que el mismo servicio puede ser gravado varias veces dentro de la cadena de comercialización, ya que intervienen distintos actores como agencias, mayoristas, hoteles, empresas de transporte y operadores de excursiones. A su juicio, este mecanismo incrementa los costos operativos, reduce la competitividad y ejerce una mayor presión sobre las mipymes, especialmente tras la reciente reforma fiscal.
Los representantes del sector aclararon que respaldan los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y no solicitan una exención del pago. Sin embargo, sostienen que la normativa contempla criterios diferenciados, como el volumen de residuos generados, el nivel de ingresos, los beneficios obtenidos y el tipo de actividad económica, por lo que entienden que la aplicación de la contribución debe ser proporcional y ajustada a la realidad de cada sector.
Asimismo, solicitaron mayor transparencia sobre el uso de los recursos recaudados mediante esta contribución, incluyendo información sobre los proyectos ejecutados, los resultados obtenidos y los mecanismos de fiscalización. Finalmente, reiteraron su disposición de trabajar junto a las autoridades para encontrar una solución que permita cumplir los objetivos ambientales sin afectar la competitividad y la sostenibilidad financiera de las empresas turísticas.
