La decisión judicial representa un nuevo giro en uno de los casos más polémicos de Estados Unidos. El Departamento de Justicia deberá publicar información que hasta ahora permanecía oculta o explicar legalmente por qué decidió mantenerla bajo censura.
Washington, D.C.– Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) revelar parte del contenido censurado de los archivos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, o presentar una justificación legal detallada que explique por qué esa información continúa oculta.
La orden fue emitida por el juez federal Emmet Sullivan, quien fijó como fecha límite el 2 de julio para que el Gobierno del presidente Donald Trump entregue las versiones sin censura de los documentos solicitados o argumente, punto por punto, las razones jurídicas que impiden su divulgación.
La resolución supone un nuevo capítulo en la batalla judicial por transparentar los denominados «archivos Epstein», un extenso conjunto de documentos que contiene millones de páginas de investigaciones federales, correos electrónicos, fotografías, registros y otros materiales relacionados con la red criminal encabezada por Epstein antes de su muerte en 2019 mientras permanecía bajo custodia federal.
La demanda que impulsó la decisión
La orden judicial responde a una demanda presentada por la periodista y analista legal Katie Phang, quien sostiene que el Departamento de Justicia ocultó información de interés público mediante extensas censuras aplicadas a los documentos divulgados.
Tras analizar el caso, el juez Sullivan concluyó que el Gobierno deberá justificar de manera específica cada una de las tachaduras realizadas o hacer pública la información correspondiente.
¿Qué información permanece oculta?
Entre los documentos cuya publicación ordenó el tribunal figuran varios correos electrónicos intercambiados con Jeffrey Epstein que hacen referencia a un supuesto «video de tortura» y a actividades sexuales con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad.
La resolución también exige revelar una entrevista del FBI cuya versión pública fue ampliamente censurada. En ese documento aparece el testimonio de una mujer que afirmó haber sido víctima de abuso cuando era menor y formuló acusaciones contra Donald Trump. Esas acusaciones no han sido probadas en los tribunales y Trump las ha rechazado previamente.
Además, el juez ordenó al Departamento de Justicia elaborar un registro detallado que explique cada fragmento eliminado de los documentos ya publicados, una práctica conocida en el sistema judicial estadounidense como un índice de justificación de censuras.
Un caso rodeado de polémica
La gestión de los archivos Epstein ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y organizaciones de víctimas.
En febrero de este año, el Departamento de Justicia retiró temporalmente miles de documentos de su portal oficial después de que abogados de sobrevivientes denunciaran que algunos archivos divulgados podían revelar datos personales de víctimas debido a errores en el proceso de edición.
Las autoridades explicaron entonces que la decisión buscaba proteger la identidad de las personas afectadas y corregir posibles fallos en las versiones publicadas.
Millones de documentos aún bajo revisión
Desde diciembre pasado, el Gobierno estadounidense ha publicado millones de páginas relacionadas con el caso Epstein en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso.
Sin embargo, una parte importante del material continúa censurada o pendiente de revisión, mientras el Departamento de Justicia sostiene que muchas restricciones responden a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas, información personal sensible y aspectos relacionados con investigaciones.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Si el Departamento de Justicia no cumple la orden antes del 2 de julio, deberá convencer al tribunal de que existen fundamentos legales suficientes para mantener oculto ese contenido.
La decisión podría marcar un precedente importante en materia de acceso a la información pública y aumentar la presión sobre las autoridades para divulgar más detalles sobre una investigación que durante años ha alimentado cuestionamientos por el alcance de la red de contactos de Jeffrey Epstein y el manejo de los documentos oficiales.
Aunque la publicación de nuevos archivos podría revelar nombres, comunicaciones o detalles hasta ahora desconocidos, expertos recuerdan que la aparición de una persona en los documentos del caso no constituye por sí sola una prueba de responsabilidad penal, ya que muchos registros corresponden a contactos, comunicaciones o referencias recopiladas durante la investigación federal.
