SANTO DOMINGO.- El jurista José Martínez Hoepelman advirtió que el modelo de seguridad implementado en El Salvador no debe ser replicado en República Dominicana, al considerar que algunas de sus medidas han generado cuestionamientos por posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
Durante su participación en el espacio RD Debate, Hoepelman sostuvo que en El Salvador se han producido encarcelamientos de personas sin que, en determinados casos, hayan tenido acceso a un proceso judicial con las garantías correspondientes ni a una defensa plena.
El jurista cuestionó que los resultados obtenidos en materia de seguridad puedan ser utilizados como único parámetro para evaluar ese modelo, sin considerar el impacto que determinadas medidas pueden tener sobre las garantías constitucionales.
Hoepelman calificó el modelo salvadoreño como un ejemplo que no debería aplicarse en un Estado social, democrático y de derecho como República Dominicana, donde, según explicó, la lucha contra la criminalidad debe mantenerse dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes.
El abogado sostuvo que combatir la delincuencia no significa renunciar a derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Sus declaraciones se producen en medio del debate que existe en América Latina sobre las políticas de seguridad aplicadas por el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, especialmente el régimen de excepción implementado para enfrentar a las pandillas.
El modelo salvadoreño ha sido reconocido por sus resultados en la reducción de determinados índices de criminalidad, pero también ha recibido cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales por denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias y garantías procesales.
Ante este escenario, Hoepelman planteó que República Dominicana debe buscar mecanismos propios para enfrentar la inseguridad, fortaleciendo la capacidad de las autoridades para combatir el delito sin sacrificar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Su posición reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos, uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados de la región.
