Los antecedentes de Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Argentina muestran cómo los problemas de supervisión, los créditos vinculados, las irregularidades contables y la pérdida de confianza pueden convertirse en crisis financieras. El caso de Ueno Bank vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la regulación y la protección de los depositantes.
Las crisis bancarias rara vez comienzan con una escena de pánico frente a las sucursales. En muchos casos, sus señales aparecen antes en los balances financieros, la concentración de préstamos, las operaciones con empresas relacionadas y las debilidades de supervisión. La historia económica latinoamericana ofrece varios ejemplos de cómo estos factores pueden afectar la estabilidad de una entidad y, en determinadas circunstancias, extender sus consecuencias al sistema financiero.
Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Argentina atravesaron episodios bancarios con causas y dimensiones diferentes. Aunque sus experiencias no son idénticas a la situación de Ueno Bank, permiten examinar riesgos recurrentes y comprender por qué las autoridades financieras deben actuar con mecanismos de vigilancia, transparencia y respuesta oportuna.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en Paraguay, donde la crisis bancaria iniciada en 1995 estuvo relacionada con una liberalización financiera que no fue acompañada de controles prudenciales suficientes. Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) documentó deficiencias en la supervisión, evaluaciones inadecuadas del riesgo crediticio, concentración de préstamos y operaciones con personas vinculadas a las entidades. Entre 1995 y 1998 desaparecieron 13 bancos y 35 financieras. La crisis también tuvo nuevas etapas en 2002 y 2003, cuando se produjeron cierres de entidades y retiros de depósitos. eLibrary IMF+2
En República Dominicana, el caso Baninter, en 2003, dejó una de las experiencias más costosas para el sistema financiero nacional. Las investigaciones revelaron irregularidades contables, fraude y pasivos no registrados que superaban varias veces los depósitos declarados. El Banco Central intervino la entidad y proporcionó asistencia de liquidez para evitar una crisis mayor. Según evaluaciones del Banco Mundial y el FMI, el costo del rescate de los bancos afectados se situó entre el 14 % y el 21 % del producto interno bruto, dependiendo del cálculo y las entidades incluidas. La depreciación del peso y el aumento de la inflación agravaron las consecuencias económicas y sociales. Fondo Monetario Internacional+3
Venezuela atravesó otra crisis de gran magnitud en 1994, cuando el Banco Latino, una de las principales entidades del país, suspendió sus operaciones. El episodio dejó al descubierto problemas de supervisión, créditos otorgados a personas y empresas relacionadas con los bancos y financiamientos sin garantías suficientes. Para finales de 1995, 19 instituciones financieras, que representaban aproximadamente el 70 % de los depósitos del sistema, habían sido intervenidas o nacionalizadas, según documentación del Banco Mundial. En Argentina, por su parte, el llamado corralito de 2001 respondió a una crisis económica, fiscal y de confianza que provocó retiros masivos de depósitos. Las autoridades limitaron las extracciones bancarias y las transferencias, mientras las protestas sociales y la inestabilidad política culminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. World Bank+3
El escenario de Ueno Bank en Paraguay presenta ahora elementos que hacen pertinente revisar esos antecedentes, aunque no significa que todos los casos sean equivalentes. El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de la entidad, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. Un día después, el Ministerio Público informó que imputó a 27 personas por presuntas irregularidades relacionadas con préstamos y sobregiros a empresas vinculadas, y solicitó medidas cautelares. La investigación incluye operaciones cuyos saldos pendientes ascienden, según la Fiscalía, a aproximadamente 166.98 millones de dólares y 343,157 millones de guaraníes. Estas son hipótesis de investigación y no equivalen a condenas judiciales. Banco Central del Paraguay+1
La respuesta institucional también incluye medidas para atender a los depositantes. El 4 de noviembre, el Senado paraguayo sancionó una ley que permite anticipar parte de la garantía de depósitos; el Banco Central informó que la primera etapa de pagos contempla a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes que cumplan las condiciones establecidas. La cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos puede alcanzar hasta 75 salarios mínimos por depositante y entidad. El desafío será completar el proceso, determinar las responsabilidades que correspondan y recuperar la confianza pública. Las experiencias de Paraguay, Baninter, Venezuela y Argentina dejan una lección común: la supervisión efectiva, la transparencia contable y la protección de los ahorros son elementos centrales para evitar que los problemas de una institución se conviertan en una crisis de mayor alcance. Senado Paraguay+3
