La pena de muerte continúa vigente en las legislaciones de varios países del Caribe, aunque la región lleva años sin ejecutar este castigo. Mientras tanto, Líbano acaba de abolir formalmente la pena capital y se convirtió en el primer país de Oriente Medio en hacerlo, mientras República Dominicana mantiene su prohibición constitucional y opta por endurecer las sanciones de prisión mediante su nuevo Código Penal.
Entre los países caribeños que mantienen la pena de muerte para delitos comunes figuran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Granada también conserva la pena capital en su legislación, aunque es considerada abolicionista en la práctica. Según Amnistía Internacional, ningún país del Caribe realizó ejecuciones durante 2025; Estados Unidos fue el único país de las Américas que aplicó este castigo ese año.
Trinidad y Tobago registró al cierre de 2025 un total de 38 personas condenadas a muerte y fue el único país caribeño donde se dictaron nuevas sentencias de muerte durante ese año. Granada y San Vicente y las Granadinas tenían una persona cada uno bajo sentencia de muerte. En otros países que conservan la pena capital, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, no había personas condenadas a muerte al finalizar 2025. La última ejecución registrada en el Caribe ocurrió en San Cristóbal y Nieves en 2008.
Líbano tomó una dirección diferente esta semana al aprobar su Parlamento la abolición de la pena de muerte. El país no había realizado ejecuciones desde 2004, pero sus tribunales todavía podían imponer la pena capital por determinados delitos. La nueva legislación establece que los delitos cometidos antes de su entrada en vigor que contemplaban la pena de muerte serán sancionados con cadena perpetua. El ministro de Justicia libanés, Adel Nassar, calificó la decisión como histórica.
República Dominicana mantiene una posición distinta tanto de los países caribeños que conservan la pena capital como de Líbano. La Constitución dominicana prohíbe expresamente la pena de muerte y establece la inviolabilidad del derecho a la vida. El nuevo Código Penal mantiene ese principio, pero eleva las penas de prisión para determinados delitos muy graves hasta 40 años y permite que la acumulación de condenas alcance un máximo de 60 años, conforme a las reglas sobre concurso de infracciones. La reforma también incorpora figuras como feminicidio, sicariato, ciberacoso, violencia económica, desaparición forzada, autosecuestro, instigación al suicidio, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
