La Policía Nacional informó que el periodista Edward Ramírez fue arrestado cerca de la medianoche del jueves, mientras salía de un área boscosa y poco iluminada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, acompañado de otros dos hombres.
Según el reporte oficial, los tres sujetos, incluido Ramírez, mostraban signos de nerviosismo y sudoración al ser abordados por la patrulla que realizaba labores de prevención. Por esta razón, fueron detenidos y trasladados en un vehículo oficial dedicado a transportar personas en situaciones similares.
La institución también indicó que están aclarando por qué los acompañantes del comunicador no alertaron a nadie sobre su situación antes de ser detenidos. La actuación policial fue registrada por cámaras corporales con sistema cerrado y encriptado que portaban los agentes.
Por su parte, el propio periodista publicó un video en sus redes sociales donde admite las circunstancias de su detención y confirma que se le permitió realizar varias llamadas telefónicas. En una de esas conversaciones, afirma haber contactado a alguien que prometió ayudarlo a resolver el problema, mientras que una cuarta llamada que intentó a su casa no tuvo éxito. Ramírez denuncia además faltas de respeto verbal durante el procedimiento.
Como medida inmediata, el director general de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ordenó una investigación exhaustiva por parte de la Inspectoría General, que está en curso.
Un hecho llamativo fue que la Policía reportó inicialmente al periodista como desaparecido, a pesar de contar con los videos que documentan su arresto, lo que motivó críticas y cuestionamientos sobre la comunicación interna de la institución.
Casos como el de Edward Ramírez ponen en evidencia la complejidad y la necesidad de transparencia en las operaciones policiales, especialmente cuando involucran a periodistas o figuras públicas. Organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa suelen monitorear este tipo de incidentes para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales. En ese sentido, las investigaciones internas son clave para aclarar posibles irregularidades y fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades.
